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Crisis, reactivación económica e inversión. ¿Cuáles son los desafíos?
(Editorial ULEAD, 2020-07) Loría Sagot, Miguel
Como muchos países en el mundo, Costa Rica enfrenta nuevos y grandes desafíos a raíz de la crisis provocada por el Covid-19. Una fuerte contracción en la actividad productiva, elevado desempleo, presiones adicionales sobre la deuda pública y un incremento en la pobreza son los resultados que se esperan en el corto plazo. Si bien el consumo de bienes y servicios es la prioridad, para el mediano y largo plazo el país requiere una estrategia que potencie el crecimiento y la generación de empleos, basada en la acumulación de capital y el ahorro nacional. Se discuten los principales desafíos que enfrenta la economía costarricense para lograr tasas de crecimiento sostenidas que permitan incrementar empleos y reducir la pobreza, una vez superada la crisis provocada por la pandemia. Incrementar las tasas de inversión real es una condición necesaria pero no su ciente para alcanzar esos objetivos. dadas las restricciones para elevar los ya elevados niveles de endeudamiento público, la e ciencia del sistema financiero para movilizar el ahorro nacional es un aspecto crítico. Asimismo, el manejo y la rendición de cuentas en los proyectos de inversión pública exigen un cambio en la cultura gerencial en el país: pasar de una rendición de cuentas contable a una gestión por resultados para el desarrollo. En el estudio se documentan los principales hallazgos, y se sugieren algunos temas no explorados, pero que por su relevancia merecen ser abordados en futuras investigaciones.
Facilitación del comercio en tiempos de crisis
(Editorial ULEAD, 2020-07) Santamaría Guerrero, Viviana; Zúñiga Hernández, Juan Luis;
¿Qué implica para un operador de comercio un día de demora en una frontera o en un puerto? ¿Quiénes pagan las consecuencias causadas por esas demoras? ¿Por qué en plena era digital, algunos países insisten en los excesos de trámites y papeleos para autorizar una operación de comercio internacional? ¿Tienen valor las políticas de facilitación del comercio? ¿Qué debería ocurrir con esas políticas en tiempos de crisis, como la ocurrida con la pandemia del Covid-19? La excesiva burocracia incrementa los costos y gastos para las empresas debido, entre otras, a las demoras y “tiempos muertos” causados en puertos, aeropuertos y fronteras. Con el objetivo es impulsar el comercio mundial, en 2013, después de casi 10 años de conversaciones, concluyeron en la OMC las negociaciones relativas al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC). Frente a la actual crisis del COVID-19, algunos han reaccionado rápidamente con protocolos temporales que han permitido agilizar el flujo de bienes necesarios para atender la pandemia. No obstante, la aplicación de algunas de estas medidas, de forma permanente, implicaría un avance significativo en materia de facilitación del comercio
Prácticas monopolísticas absolutas en la ley y jurisprudencia de Costa Rica
(Editorial ULEAD, 2020-07) Thompson Chacón, Alan
La Ley N° 7472 sobre competencia en Costa Rica recién cumplió 25 años. Se aprobaron reformas importantes en 2008, con normas especiales para el sector telecomunicaciones; en 2012, introduciendo el control previo de concentraciones; y en 2019, con la Ley N° 9736 que fortalece a las autoridades, cambia procedimientos, aumenta sanciones e introduce el programa de clemencia para combatir carteles. En relación con la investigación y sanción de carteles (la ley costarricense usa el término “prácticas monopolísticas absolutas”), la ley prevé la aplicación de la “regla per se” a carteles de núcleo duro, lo cual ha sido con firmado por la jurisprudencia. La autoridad de competencia ha sancionado 16 casos de prácticas monopolísticas absolutas. La mayoría de esas resoluciones han quedado firmes en la vía administrativa o han sido confirmadas en la vía judicial, pero en algunas los Tribunales han anulado parcial o totalmente lo resuelto por la autoridad de competencia, ya sea por insuficiente fundamentación de las sanciones impuestas o con base en una distinta valoración de la prueba sobre la existencia de la conducta ilegal.
Universalización de las pensiones por vejez en Costa Rica
(Editorial ULEAD, 2020-07) Sauma Fiatt, Pablo
En diciembre de 2018, 332.194 personas adultas mayores (65 años y más) contaban con una pensión por vejez, contributiva o no contributiva, para una cobertura efectiva de entre el 59% y el 79% de la población de esa edad –el resultado depende de la proyección de población que se utilice–. En cualquiera de los dos casos, el país enfrenta el reto de lograr la cobertura universal de este tipo de pensiones. Se propone otorgar una pensión no contributiva, con cargo al presupuesto nacional, a toda la población adulta mayor que no perciba una pensión por vejez, ya sea contributiva o no contributiva. Se realizó una estimación preliminar del costo total de esa propuesta, considerando el monto de la pensión mensual que brinda el Régimen no Contributivo de Pensiones administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Utilizando como referencia el PIB del año 2019, el resultado de esa estimación representa entre un 0,30% y un 0,78% del mismo, magnitudes razonables para el país, pero sujetas a limitaciones impuestas por la situación fiscal.
Viabilidad de las asociaciones público-privadas en la infraestructura social (appis) en Costa Rica
(Editorial ULEAD, 2020-07) Matamoros Carvajal, Guillermo
Las Asociaciones Público-Privadas de Infraestructura Social (APPIS), constituyen un modelo de gestión de infraestructura y servicios en salud, educación, cultura, seguridad, espacios públicos y similares, concepto que va más allá de los elementos físicos y que más bien actúan como un mecanismo para unir a las personas y construir capital social, convirtiéndose en espacios donde se forman las conexiones sociales que cohesionan a los ciudadanos alrededor de una situación o necesidad común. Las APPIS son contratos de largo plazo, donde los sectores público y privado unen esfuerzos para desarrollar una obra, equipos, sistemas, y productos o bienes complejos, haciéndose una adecuada distribución de riesgos, comprometiéndose el privado a mantener operando la obra, sistema o producto en las condiciones pactadas, y si procede prestando los servicios asociados a ellos. Producto de este negocio, el público se compromete a pagar una suma periódica (Pago Por Disponibilidad –PPD–), pagos per cápita o fee por servicios, al privado. En el caso de Costa Rica, la viabilidad de las APPIS no encuentra una barrera jurídica, e incluso en la experiencia de sectores como el de salud, se ha avanzado de manera importante en la ejecución de proyectos bajo esta modalidad, con proyectos de bata blanca, verde o gris. Se cuenta con una cartera de proyectos de cierto volumen y que responden a necesidades apremiantes que enfrentan los y las ciudadanas. Por ello, se analiza la factibilidad que existe en los temas de salud y educación.

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